El necesario avance hacia la paridad en beneficio de todas las personas

Para medir las discriminaciones y, sobre todo, los avances hacia la igualdad, se han introducido una serie de índices como el IPG (Índice de Paridad de Género) para el caso de la educación, que se obtiene dividiendo la cantidad de niñas entre la cantidad de niños matriculados en un mismo nivel, o el IEG (Índice de Equidad de Género), al que ya hemos hecho referencia, que mide la brecha entre hombres y mujeres tomando en consideración, conjuntamente, la educación, la actividad económica y el empoderamiento político (Social Watch, 2012).

En la primera reunión de la UNEA (Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi en junio de 2014, además de las decisiones y resoluciones adoptadas, casi dos centenares de participantes de más de 30 países constituyeron el Foro de Género de UNEA, que se reunió bajo el tema «Igualdad de Género y Capacitación de la Mujer”, con propuestas acerca del género y medio ambiente en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Insistiremos tan solo, para terminar, en que la superación de las discriminaciones de género, la extensión (por supuesto inacabada) de derechos a esa mitad del género humano que constituyen las mujeres, no supone reducir los derechos de los hombres, como si para que unos adquieran derechos otros han de perderlos. El resultado no es ese y hay que afirmarlo con claridad: la extensión de derechos beneficia a todos. Ello se evidencia en los estudios y propuestas “Hacia una prosperidad sostenible”, a los que el Worldwatch dedica su informe anual de 2012. Así, por ejemplo, Monique Mikhail (2012) escribe: “… las mujeres perciben solo el 7% del total de las ayudas a la agricultura, la perca y el sector forestal. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), si las mujeres tuvieran el mismo nivel de acceso que los hombres a estos bienes y servicios, su producción agrícola aumentaría entre el 20 y el 30% y las cifras mundiales del hambre bajarían entre un 12 y un 17%”.

Jamás una extensión de derechos a nuevas capas se ha traducido, a medio y largo plazo, en perjuicio de nadie. En cambio los “privilegios”, es decir, los desequilibrios, son siempre causa de conflictos destructivos e insostenibles, mientras que los avances hacia la universalización de los derechos se traducen en la potenciación de la creatividad de nuevos colectivos, lo que acaba favoreciendo un desarrollo más armónico y sostenible, beneficioso para todas las personas.

La igualdad de género como requisito de Sostenibilidad

Es imprescindible promover la igualdad de género como parte esencial de la revolución por un futuro sostenible, luchar contra la discriminación de la mujer y reforzar su papel en la política y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Porque las cosas no avanzan como deberían. En ese sentido han sido relevantes acciones como la lanzada en febrero de 2008, por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, una iniciativa multianual encaminada a prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas las partes del mundo. La campaña reúne a una serie de organismos y oficinas de las Naciones Unidas para impulsar la acción en todo el sistema a fin de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. A través de la campaña, la ONU aúna esfuerzos con los individuos, la sociedad civil y los gobiernos para poner fin a la violencia contra la mujer en todas sus formas. También se ha abierto el Centro Virtual de Conocimientos para poner fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas de Naciones Unidas, una iniciativa de NU-Mujeres que reúne contribuciones de organizaciones y personas especializadas, gobiernos y organismos del sistema de las Naciones Unidas. En el centro se cuenta con múltiples iniciativas, entre otras una base de datos que recoge las medidas adoptadas por los Estados Miembros sobre las formas de violencia contra la mujer, así como campañas, fondos, iniciativas como los llamamientos mundiales a la acción, indicadores, medidas, estudios, proyectos, etc. Bajo el lema: “Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres o las niñas, no te quedes de brazos cruzados. Actúa”, la campaña “Únete” del Secretario General de las Naciones Unidas, administrada por NU-Mujeres, ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”: un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no solo una vez al año, el 25 de noviembre, como venía haciéndose.

En abril de 2012, firmaron un acuerdo Naciones Unidas y la Unión Europea, representadas por Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton. Un acuerdo que hará hincapié en asegurar la representación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, políticas y judiciales, y en garantizarles un mayor acceso a oportunidades laborales y sociales. Las dos organizaciones también impulsarán medidas encaminadas a luchar contra la violencia de género y sexual y se comprometen a proporcionar un mayor apoyo y protección a las supervivientes de actos violentos y a luchar contra la impunidad de los autores de esos actos.

En el marco de un Congreso Mundial sobre la situación de mujeres jóvenes en África y Asia, en agosto de 2012, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU señaló que es prioritario invertir en programas que impulsen a las mujeres y luchen contra la discriminación de género. Y recordó que la falta de atención a sus derechos perjudica a la mujer, a su familia y a la sociedad. “Las mujeres hacen más trabajo por menos dinero que los hombres, las mujeres producen más del 80% de toda la comida de África subsahariana, sin embargo sus hogares son más pobres y se ven obligadas a gastar sus ingresos para comprar comida”, señaló Ban.

Pero no debemos olvidar que la discriminación hacia la mujer es parte de la discriminación que los “fuertes” ejercen con los “débiles” en defensa de sus privilegios. Unos privilegios que a lo largo de la historia se ha pretendido justificar con “razones” étnicas, de sexo o de mérito; pero sabemos que no tienen fundamento alguno y que generan desequilibrios perjudiciales para todos, aunque algunos sigan pensando que esos desequilibrios constituyen algo natural. Y esas referencias que se hacen al pasado las consideran un apoyo a su punto de vista: “siempre ha habido ricos y pobres y siempre los habrá”, “el hombre es superior a la mujer”, etc.

La erradicación de la discriminación de las mujeres entronca así con los objetivos de la Educación para la Sostenibilidad, de la Reducción de la pobreza y, en definitiva, de la universalización de los Derechos Humanos que requiere la construcción de un futuro sostenible. Así se señala en los objetivos del Milenio: El tercer objetivo de Desarrollo del Milenio desafía la discriminación contra la mujer y busca asegurar que las niñas, como los niños, tengan el derecho a la escolarización. Los indicadores relacionados con este objetivo, buscan medir el progreso hacia la mayor alfabetización de la mujer, hacia la mayor participación y representación de esta en la política y en la toma de decisiones de los Estados y hacia la mejora de las perspectivas de empleo. Así y con todo, el tema de la igualdad de género no se limita a un solo objetivo sino que se aplica a todos ellos. Sin progreso hacia la igualdad de género y sin la capacitación de la mujer, no se alcanzará ninguno de los objetivos de desarrollo del milenio” (MDG, Naciones Unidas). Unos objetivos que se contemplan desde el punto educativo en las iniciativas de “la Década de la Educación por un Desarrollo Sostenible, en la que la igualdad entre géneros está considerada como una de las condiciones fundamentales para el desarrollo humano que está requiriendo una mayor atención por parte de la ciencia, la política, las instituciones sociales y la educación” (Aznar y Cánovas, 2008, p.9). Y unos objetivos que constituyen un auténtico reto frente al que aún queda mucho por hacer, como se puede ver en los informes sobre los Índices de Equidad de Género (Social Watch, 2012) o los de UNICEF (2007), pero que ya están encontrando respuestas en algunos países por lo que se refiere a la promoción de políticas de igualdad y estrategias y prácticas educativas para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros y la erradicación de la violencia (Novo, 2007; Pérez Sedeño, 2007; Aznar y Cánovas, 2008).

Así, el año 2009, UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) dedicó el día Mundial de Población a incentivar la inversión en educación y salud para las mujeres y las niñas, como paso necesario para avanzar en el “empoderamiento” de las mujeres y con ello en la disminución de la pobreza y la universalización de los derechos humanos. Conviene señalar a este respecto que, aunque la idea de “empoderamiento” se refiere a todos los grupos vulnerables o marginados, en su origen y aplicación más extendida está el colectivo de las mujeres, propuesto por primera vez a mediados de los 80 por la Red de grupos de Mujeres DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una nueva era), para referirse al “proceso por el cual las mujeres acceden al control de los recursos y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos”. Según la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (“ONU Mujeres”, impulsada en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), “Si queremos crear unas economías más fuertes, lograr los objetivos de desarrollo y Sostenibilidad, convenidos internacionalmente, y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores”.

Como señala el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL): “La autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. La capacidad para generar ingresos propios y controlar activos y recursos (autonomía económica), el control sobre su cuerpo (autonomía física), y su plena participación en las decisiones que afectan a sus vidas y a su colectividad (autonomía en la toma de decisiones), son los tres pilares de la igualdad de género y de una ciudadanía paritaria 

Percepción de la igualdad de género

Si bien la igualdad de género se evalúa ante todo por los niveles de igualdad en las oportunidades, los derechos y los logros de las mujeres y los hombres, según indican las mediciones de los resultados clave en esferas como la educación, la salud o la participación en la fuerza de trabajo, esos indicadores de progresos solo permiten apreciar una parte del cuadro más amplio de las relaciones de género. Las prácticas, los valores, las actitudes y las tradiciones culturales son factores subyacentes que configuran la naturaleza y calidad de esas relaciones en los planos personal y comunitario, así como determinantes fundamentales de las posibilidades con que cuentan las mujeres y los hombres para realizar la vida que deseen, contribuir al desarrollo cultural, político, económico de su país y participar en sus beneficios.

A menudo se considera que la cultura marca límites al logro de la igualdad de género y se la invoca para justificar la resistencia a las estrategias e intervenciones públicas encaminadas a promover dicha igualdad aduciendo que están en conflicto con prácticas culturales y tradicionales. De esta manera, la cultura se utiliza como “instrumento eficaz para evitar el cambio justificando el orden de cosas existente”. Esta idea y utilización de la cultura como justificación para mantener el estatus que en materia de género socava su dinamismo y capacidad de adaptación a los contextos y valores cambiantes de las sociedades, así como su eficacia para impulsar una transformación social positiva. El respeto de la diversidad, las tradiciones y los derechos culturales es perfectamente compatible con la igualdad de género porque esta entraña que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tengan las mismas oportunidades para acceder a la cultura, participar en ella y contribuir a plasmarla en pie de igualdad. Esa igualdad enriquece los procesos culturales de cambio y les añade valor ampliando el número de opciones y opiniones y garantizando la expresión de los intereses y la creatividad de todas las personas.

Para que la igualdad de género se valorice y promueva no solo por las instancias públicas, mediante intervenciones e inversiones (políticas y otras medidas), sino también por las personas y las comunidades, es preciso que dicha igualdad se reconozca como derecho humano y motor de desarrollo tanto “de arriba abajo” como de “abajo arriba”. De hecho, las prácticas, los valores y las actitudes culturales contribuyen en gran medida a configurar y determinar el contenido y la orientación de las estrategias y los compromisos públicos relacionados con la igualdad de género. Asimismo, las estrategias y los compromisos que tengan en cuenta el género y se diseñen con miras al logro de la igualdad de género también pueden fomentar e impulsar la evolución y regeneración de prácticas, valores, actitudes y percepciones relacionadas con los roles de las mujeres y los hombres en la sociedad. Además, las acciones públicas encaminadas a construir sociedades abiertas e integradoras en las que se respeten plenamente los derechos de ambos sexos se ven reforzadas y consiguen resultados más sostenibles cuando son comprendidas y respaldadas por las personas y las comunidades a las que están dirigidas. Para ello es necesario un proceso de diálogo, consenso y gobernanza participativa que fomente el sentido de apropiación, así como la comprensión de que la igualdad de género aporta beneficios para todos.

La legislación y otras medidas legales en materia de equidad de género

Indican si el Estado ha reconocido la existencia de desigualdades que requieren la adopción de medidas diferenciadas en función del sexo para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Normalmente, dichas medidas se incluyen en el concepto de “equidad de género”. En este sentido, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en el hogar son problemas que, estadística-mente, es más probable que afecten en mayor medida a las mujeres y que, por lo tanto, requieren medidas legislativas (y programas) especiales para proteger sus derechos humanos, su dignidad y su integridad física. El establecimiento de sistemas de cupos también es una medida legislativa temporal destinada a allanar y equilibrar el terreno de juego en la esfera política y combatir los estereotipos negativos y otros tabúes sociales que impiden la plena participación de las mujeres en la vida política de su país. El derecho a participar en la vida política del país está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y en la Plataforma de Acción de Beijing (sección G, párr. 191) se recomienda el establecimiento de sistemas de cupos y otras medidas temporales similares en pro de la mujer.

Los resultados correspondientes a las mujeres y a los hombres en las cuatro áreas seleccionadas tienden a reflejar el grado de compromiso público con respecto a la igualdad de género; los mejores resultados (es decir, la igualdad) están vinculados con la elaboración y aplicación de acciones Localizadas, incluyendo políticas, medidas y otros tipos de inversiones encaminadas a reducir las disparidades y desigualdades.

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