Si bien la igualdad de género se evalúa ante todo por los niveles de igualdad en las oportunidades, los derechos y los logros de las mujeres y los hombres, según indican las mediciones de los resultados clave en esferas como la educación, la salud o la participación en la fuerza de trabajo, esos indicadores de progresos solo permiten apreciar una parte del cuadro más amplio de las relaciones de género. Las prácticas, los valores, las actitudes y las tradiciones culturales son factores subyacentes que configuran la naturaleza y calidad de esas relaciones en los planos personal y comunitario, así como determinantes fundamentales de las posibilidades con que cuentan las mujeres y los hombres para realizar la vida que deseen, contribuir al desarrollo cultural, político, económico de su país y participar en sus beneficios.
A menudo se considera que la cultura marca límites al logro de la igualdad de género y se la invoca para justificar la resistencia a las estrategias e intervenciones públicas encaminadas a promover dicha igualdad aduciendo que están en conflicto con prácticas culturales y tradicionales. De esta manera, la cultura se utiliza como “instrumento eficaz para evitar el cambio justificando el orden de cosas existente”. Esta idea y utilización de la cultura como justificación para mantener el estatus que en materia de género socava su dinamismo y capacidad de adaptación a los contextos y valores cambiantes de las sociedades, así como su eficacia para impulsar una transformación social positiva. El respeto de la diversidad, las tradiciones y los derechos culturales es perfectamente compatible con la igualdad de género porque esta entraña que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tengan las mismas oportunidades para acceder a la cultura, participar en ella y contribuir a plasmarla en pie de igualdad. Esa igualdad enriquece los procesos culturales de cambio y les añade valor ampliando el número de opciones y opiniones y garantizando la expresión de los intereses y la creatividad de todas las personas.
Para que la igualdad de género se valorice y promueva no solo por las instancias públicas, mediante intervenciones e inversiones (políticas y otras medidas), sino también por las personas y las comunidades, es preciso que dicha igualdad se reconozca como derecho humano y motor de desarrollo tanto “de arriba abajo” como de “abajo arriba”. De hecho, las prácticas, los valores y las actitudes culturales contribuyen en gran medida a configurar y determinar el contenido y la orientación de las estrategias y los compromisos públicos relacionados con la igualdad de género. Asimismo, las estrategias y los compromisos que tengan en cuenta el género y se diseñen con miras al logro de la igualdad de género también pueden fomentar e impulsar la evolución y regeneración de prácticas, valores, actitudes y percepciones relacionadas con los roles de las mujeres y los hombres en la sociedad. Además, las acciones públicas encaminadas a construir sociedades abiertas e integradoras en las que se respeten plenamente los derechos de ambos sexos se ven reforzadas y consiguen resultados más sostenibles cuando son comprendidas y respaldadas por las personas y las comunidades a las que están dirigidas. Para ello es necesario un proceso de diálogo, consenso y gobernanza participativa que fomente el sentido de apropiación, así como la comprensión de que la igualdad de género aporta beneficios para todos.
Igualdad de género 